Justicia refiere a O’Neill al FEI por acoso sexual contra dos empleadas

Justicia

El Departamento de Justicia refirió al alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI), un informe sobre la posible comisión de 20 violaciones de ley por parte del ejecutivo municipal en relación a dos casos de acoso sexual contra empleadas del ayuntamiento.

“Entendemos que existe causa suficiente para creer que el alcalde de Guaynabo pudo haber incurrido en 20 violaciones de ley”, expresó la titular de la agencia, Wanda Vázquez, en una rueda de prensa junto a las fiscales Lynette Velázquez y Mibari Rivera y el director del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), Héctor López.

Entre las posibles violaciones de ley figuran: a la Ley 54 de Violencia Doméstica, que son maltrato sicológico o emocional contra una persona con quien tuviese o haya tenido una relación consensual, mediante restricción a la libertad y agresión sexual contra una persona con quien sostuviese o haya sostenido una relación consensual. Otras tres violaciones responden a los artículos 145 y 136 del Código Penal por acoso sexual y exposiciones obscenas en alguno de estos cargos contra dos perjudicadas.

“También demostró la investigación preliminar causa suficiente por violaciones a los artículos 252 y 281 del Código Penal de 2012 por aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos y por impedir o persuadir la incomparecencia de testigos, además del artículo 255 del Código Penal por aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos. Además, violentó en cuatro instancias el artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental porque un servidor público no puede utilizar sus deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente para él o para una persona privada o negocio cualquier beneficio que no esté permitido por ley”, destacó Vázquez.

“Ahora corresponde al OPFEI, conforme a su ley habilitadora, evaluar y determinar si procede la radicación de cargos en este caso. En el caso del alcalde, se realizó una investigación preliminar como corresponde en ley y hoy está siendo referido. Justicia no puede acusar, arrestar ni destituir a un alcalde”, agregó.

Vázquez indicó que la segunda perjudicada del alcalde, también era empleada municipal que actualmente, reside fuera de la Isla.

Presuntamente, O’Neill trató de que la exempleada no compareciera ante el Departamento de Justicia.

Vázquez reconoció que si OPFEI no decide radicarle cargos a O’Neill, ahí concluiría el caso.

El alcalde fue informado de la determinación de Justicia esta mañana, previo a la conferencia de prensa.

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