En jaque unos 250,000 empleos en Puerto Rico

La expresidenta del Colegio de Contadores Públicos, Denisse Flores (izq.), opinó que la reforma contributiva de Donald Trump presenta para Puerto Rico un escenario igual o más serio que el fin de la sección 936 durante la década de 1990. (horizontal-x3)La expresidenta del Colegio de Contadores Públicos, Denisse Flores (izq.), opinó que la reforma contributiva de Donald Trump presenta para Puerto Rico un escenario igual o más serio que el fin de la sección 936 durante la década de 1990. (Archivo / GFR Media)

A pesar de meses de cabildeo por parte de líderes del sector privado, la Cámara de Representantes federal se apresta a aprobar hoy una reforma contributiva que pondrá en jaque, casi al instante, unos 250,000 empleos en Puerto Rico, una jurisdicción con una tasa de pobreza en el 46 por ciento y que recién fue devastada por uno de los peores 10 huracanes de la historia.

De aprobarse sin cambios, el proyecto que el presidente Donald J. Trump quiere impulsar como su legado para promover que empresas estadounidenses regresen y creen empleos, tendrá como efecto colateral “sacar del juego” a Puerto Rico como lugar para hacer negocios, según varios entrevistados.

Según Denisse Flores y Héctor Bernier, dos expresidentes del Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA) y su actual líder, Ramón Ponte, si el proyecto de reforma contributiva se aprueba como está, el efecto neto de la medida es que las corporaciones establecidas en la isla terminarían pagando más contribuciones y costes operacionales que lo que pagan en países como Irlanda y Singapur.

Un golpe parecido a la 936

Así pues, sin enmiendas, como parecía ser el caso al cierre de esta edición, la reforma contributiva de Trump presenta para Puerto Rico un escenario igual o más serio que el fin de la sección 936 durante la década de 1990.

“No se puede subestimar el serio impacto que esta reforma puede tener en Puerto Rico”, advirtió Flores.

“Esta es una coyuntura histórica. Conversando con expertos de la firma, creemos que para Puerto Rico, esta es una coyuntura bien parecida a lo que se dio con la sección 936. Esto no es que perdemos competitividad, es que nos convertimos en una jurisdicción más cara”, dijo Flores, socia de Impuestos para PricewaterhouseCoopers (PwC).

“Esta vez, lo que nos espera es un precipicio”, indicó por su parte Bernier, también expresidente de los CPA y socio en PwC.

Desde hace unas semanas, firmas contables como PwC, en prácticamente todo el mundo y Puerto Rico han disectado las propuestas que se barajan en la capital federal para cambiar el sistema contributivo estadounidense. Ello, en aras de entender el impacto que los cambios impositivos tendrán en  sus clientes.

Según el ejecutivo, ya algunas de las empresas a las que presta servicios le han pedido consejo para ver cómo tomar partido del régimen tributario que tiene altas probabilidades de aprobarse. Ello, según Flores y Bernier, por la urgencia de la mayoría republicana de mostrar resultados concretos ante un nuevo ciclo electoral.

“Quiero pensar que es una consecuencia no intencionada”, agregó el contador público al hacer referencia al efecto adverso que la reforma contributiva federal tendría en Puerto Rico.

De acuerdo con Bernier, para la década de 1990, cuando a su juicio, “se entregó” la sección 936, se ideó la figura de la corporación foránea controlada o CFC en inglés. Ese modelo permitió que algunas empresas permanecieran en la isla.

Ahora, según Bernier, el reto que enfrenta Puerto Rico es que la reforma contributiva que busca aprobarse en la capital federal antes de que termine el año, es tan favorable a las corporaciones estadounidenses que muchas no tendrán necesidad de operar fuera de Estados Unidos para maximizar su rendimiento.

Una reforma de avanzada…

“Esta es una reforma de avanzada”, aceptó Flores.

Según Flores, Estados Unidos no reforma su código tributario de una manera amplia desde 1986 y, por décadas, el sector corporativo ha pedido que se adopte un sistema de contribuciones que en la jerga técnica se describe como “territorial”.

Al presente, y a diferencia de muchos otros países, el sistema contributivo estadounidense establece que las corporaciones creadas en ese país tributarán por todos los ingresos que generan en el planeta. La tasa contributiva a nivel corporativo de Estados Unidos es de 35 por ciento.

Para no pagar tal obligación, multinacionales farmacéuticas, pero también empresas de dispositivos médicos, financieras, comerciales, telecomunicaciones y tecnología, entre otras, crearon diversas estructuras  al punto de que en algunos casos, los ingresos que generan  fuera de Estados Unidos representan más peso que aquellas en suelo estadounidense.

Bajo la nueva estructura contributiva, la tasa corporativa se reduce, de entrada, al 20% y en lo sucesivo, la multinacional solo tributará a Estados  Unidos por lo que genere su operación en ese país. Las operaciones internacionales pagarán sus impuestos en el país donde se generen, si es que tienen esa obligación.

De acuerdo con Bernier, el optimismo que ha generado la reforma contributiva explica, en parte, el patrón alcista que exhiben las multinacionales en Wall Street. En síntesis, una tasa contributiva más baja supone más ganancias para los accionistas.

En lo que va de año, el Standard & Poor’s 500, que lista a empresas como AbbVie, Abbott y Merck, ha apreciado casi 15%. El industrial Dow Jones que incluye a empresas como Apple y Microsoft ha ganado 17.75 por ciento y el Nasdaq, que incluye a Amazon, Amgen y FaceBook ha apreciado otro 25 por ciento.

Para la década de 1990, el sector industrial llegó a emplear casi 150,000 de manera directa.

La literatura económica apunta a que los beneficios que recibió Puerto Rico por la sección 936 son por mucho menores que la rentabilidad de las multinacionales que disfrutaron el trato preferencial y la pérdida de recaudos al fisco federal.

Pero informes de la Reserva Federal, del Tesoro estadounidense e incluso otros que buscan explicar la quiebra del territorio puertorriqueño aseguran que la 936 contribuyó al desplome de la economía local.

Se agrava el déficit

Si bien la propuesta de Trump apuesta al sector corporativo estadounidense, el plan no necesariamente tendrá los beneficios que promete para esa economía.

Un análisis del Tax Policy Center advierte que aún contando los beneficios de la reforma contributiva, en la próxima década, los recaudos federales caerán por $6.2 trillones, por lo que la deuda de ese país -que exige a Puerto Rico cuadrar su presupuesto a través de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF)- aumentaría en unos $7 trillones.

Asimismo, unos 400 millonarios, que integran la organización United for a Fair Economy entre ellos George Soros, Ben Cohen, Jerry Greenfield y Steven Rockefeller, han escrito a Trump rechazando que se les reduzca su obligación contributiva.

“En la reforma se incluyeron los aspectos más relevantes del sistema contributivo territorial, pero del otro lado, se adoptaron disposiciones que contradicen ese concepto como establecer el arbitrio de 20% a las importaciones”, explicó, por su parte, Ponte, quien esta semana se encuentra en la capital federal cabildeando a favor de que se enmiende la legislación.

“Desde acá, es una propuesta que luce ser ‘probusiness’ por la tasa corporativa, pero pone en una posición desventajosa a empresas americanas haciendo negocios en Puerto Rico, por lo que podrían considerar llevarse su producción”, indicó Ponte.

Según Ponte, el efecto de la reforma contributiva federal en el régimen de las CFC que operan en Puerto Rico es detrimental, pero también lo son otros aspectos de la propuesta.

“Aun en el mejor escenario, nos han puesto a trabajar a la defensiva”, sostuvo Ponte.

“En vez de venir a aquí para proponer medidas de desarrollo económico, ahora estamos tratando que lo que se apruebe no nos haga daño”.

Una espada sobre la 154

Tanto Ponte como Flores y Bernier coinciden en que, sin cambios, la reforma contributiva  federal pone en jaque miles de empleos en Puerto Rico.

Cifras de la Asociación de Industriales apuntan a que tras el fin de la sección 936, el sector se ha reducido hasta emplear unas 75,000 personas de manera directa y unas 250,000 cuando se cuentan empleos indirectos e inducidos como las firmas de abogados y CPA, las empresas de seguridad o de limpieza y validación y hasta restaurantes, hoteles y suplidores de materiales y equipo.

Sobre todo, según los entrevistados, habida cuenta de que no hay una diferencia marcada entre lo que aprobaría el Congreso hoy y la versión del Senado federal, la propuesta podría hacer agua cualquier esfuerzo para cuadrar el presupuesto y renegociar la deuda pública según pide la ley federal Promesa.

De acuerdo con Flores, uno de los aspectos más nocivos de la reforma es su impacto en las compañías que pagan el arbitrio del 4%, el impuesto que se aprobó en el 2010 a través de la ley 154.

De la misma forma en que un individuo reduce sus impuestos deduciendo los intereses de la casa o anotando sus dependientes, las empresas toman deducciones  por los gastos que realizan como sería el arbitrio del 4%.

Según Flores,dado que las empresas pagarían una tasa contributiva más baja, el nuevo código no requiere que las deducciones sean tan beneficiosas.

“Lo que va a ser devastador es el crédito de la 154 porque en la práctica ya no tendrá el mismo efecto”, dijo Bernier.

Según el ejecutivo, habida cuenta de que el arbitrio del 4% se convertiría en un gasto que no podrá deducirse en su totalidad, Puerto Rico estaría obligado a reducirlo o eliminarlo para retener estas empresas en la isla. “Estás hablando de una partida que representa casi $2,000 millones en el presupuesto”, dijo Bernier.

La vida pos-María

Se trata de un camino con pocas salidas. Si el arbitrio de cuatro por ciento y el Congreso aprueba el arbitrio de 20 por ciento a las importaciones a ese país, Flores, Bernier y Ponte coinciden en que Puerto Rico no tiene nada que buscar como plaza de negocios, con todo y ser un enclave industrial.

“Estamos hablando de que Puerto Rico lleva varios años en una situación en la que  se intenta compensar el rendimiento”, dijo Bernier. “Cuando la tasa contributiva baja de un 35 a 20 por ciento, el rendimiento que va a recibir esa multinacional es tan grande que puede cargar con el peso de cerrar una operación”.

De acuerdo con Bernier, a medida que las operaciones encaran problemas, las multinacionales han establecido plantas satélites alternas para evitar que la producción se interrumpa.

Según Flores, esa realidad es ahora es más clara después del huracán María. Al presente, casi dos meses después del ciclón y a pesar de que el gobierno le  ha asignado “prioridad”, buena parte del sector industrial no posee electricidad confiable y todavía, a pesar de contar con planes de contingencia, encara problemas con telecomunicaciones y sistemas informáticos.

“Después de lo que ha pasado, pos-María, estas empresas van a buscar otras plantas para transferir la producción si es necesario”.

Por el contrario, según los entrevistados, si Puerto Rico fuera excluido de las disposiciones que aplican al plano de corporaciones foráneas, la medida podría convertirse en una herramienta de desarrollo económico para la isla.

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